Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género en Extremadura: Disposiciones Generales. Ley de Prevención
de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Derechos y Obligaciones. Ley de régimen jurídico del sector público: el funcionamiento electrónico del sector público
- 36. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales se considera como obligación empresarial:
- Cuando se trata de empresas cuya actividad esté comprendida en el anexo I del RD 39/1997 de 27 de enero.
- Si se decide por la Inspección de Trabajo y Seguridad social.
- Siempre y con carácter previo a la evaluación inicial de riesgos.
- En todos los casos, una vez realizada la evaluación inicial de los riesgos.
- 37. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son:
- La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
- La evaluación inicial de riesgos y la formación.
- La planificación y la gestión de la actividad preventiva.
- La identificación y la evaluación de los riesgos.
- 38. El posible cambio de puesto de trabajo con riesgo para una trabajadora embarazada:
- Deberá realizarse en caso de imposibilidad de adaptación del propio puesto.
- Se hará previo informe en tal sentido del Servicio de Prevención.
- Se determinará por el empresario, y dará información a los representantes de los trabajadores.
- Se extenderá al período de lactancia.
- 39. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa a través de:
- La política preventiva.
- El plan de prevención.
- El consenso de las partes.
- El poder de decisión del empresario.
- 40. El objeto y carácter de la norma de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales dice:
- La presente ley tiene por objeto promover la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
- La presente ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
- La presente ley tiene por objeto promover la seguridad de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
- La presente ley tiene por objeto promover la seguridad, la salud de los trabajadores y la negociación entre empresa y delegados de prevención, mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
- 41. ¿Cuándo se deben utilizar los equipos de protección individual?
- Siempre.
- Cuando los riesgos no hayan sido evaluados.
- Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse.
- Cuando el trabajador lo estime oportuno.
- 42. Debe el trabajador prestar su consentimiento para que le realicen vigilancia de la salud:
- No.
- Sí.
- Depende del número de trabajadores de la empresa.
- Esta prestación es solo para personal fijo en la empresa.
- 43. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos:
- La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.
- Soportar el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo.
- Desarrollar una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva.
- 44. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto:
- Prevenir los accidentes en general.
- Evitar riesgos en el recorrido al puesto de trabajo.
- Promover la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Que cada vez haya menos accidentes de tráfico.
- 45. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se considerarán como "daños derivados del trabajo":
- Las lesiones sufridas en accidentes de trabajo.
- Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
- Las enfermedades profesionales.
- Ninguna es correcta.
- 46. Se considera como "condición de trabajo":
- Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, quedando excluidas las características generales de los locales e instalaciones, existentes en el trabajo.
- La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el amiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia además de las instalaciones, incluidas las características organizativas del traba
- Todas aquellas características del trabajo, excluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador
- d) Todas son correctas.
- 47. ¿Cuál de los siguientes principios generales de la acción preventiva a aplicar en el trabajo, contenidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es incorrecto
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Priorizar medidas individuales a las colectivas.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Tener en cuenta la evolución de la técnica.
- 48. En relación con la vigilancia de la salud que ha de garantizar el empresario,el acceso a la información médica de carácter personal:
- Se limitará al empresario y a los Servicios de Prevención propios.
- Se limitará al Jefe inmediato del trabajador.
- Solo será accesible al propio trabajador.
- Se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven vigilancia.
- 49. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales debe ser aprobado por:
- La dirección de la empresa.
- La autoridad sanitaria.
- Los representantes de los trabajadores.
- Todos los trabajadores.
- 50. La actividad preventiva deberá planificarse:
- Para un período determinado.
- Para un período ¡ilimitado.
- Anualmente.
- Para un período máximo de 3 años.
- 51. Se define como "dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias":
- Sede electrónica.
- Administración electrónica.
- Página web de una Administración Pública.
- Estándar abierto.
- 52. El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante, es:
- La firma electrónica.
- El certificado electrónico.
- El expediente electrónico.
- El documento electrónico.
- 53. La sede electrónica a través de la cual se facilita el acceso a los servicios y procedimientos de las distintas sedes electrónicas de la Administración Pública correspondiente, se conoce en la LPACAP como:
- Punto general de acceso.
- Oficina virtual de referencia.
- Registro general electrónico.
- Portal-sede.
- 54. Los principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información constituyen:
- El Esquema Nacional de Seguridad.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
- La estrategia TIC.
- El Plan de Transformación digital de la Administración General del Estado.
- 55. Las condiciones y las garantías por las que se regirá la transmisión de documentos electrónicos en entornos cerrados de comunicaciones entre distintas Administraciones Públicas se establecerán:
- Por ley.
- Por Real Decreto.
- Mediante convenio suscrito entre aquellas.
- En una Conferencia Sectorial.
- 56. ¿Cuál es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales en materia de administración electrónica?
- La Comisión Sectorial de administración electrónica.
- El Comité Nacional de Cooperación Institucional.
- El Instituto Nacional de Administración Pública.
- La Unidad Informática Interadministrativa.
- 57. La firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control, es:
- Una firma electrónica avanzada.
- Una firma electrónica vinculada al DNI para personas físicas.
- Un sistema de firma electrónica con claves concertadas.
- Una firma electrónica reconocida.
- 58. ¿Cómo garantizarán los interesados la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos, aportadas al expediente?
- Mediante la utilización de firma electrónica avanzada.
- Mediante declaración jurada.
- Mediante la firma electrónica de dos testigos aportados por el interesado.
- Mediante compulsa de un organismo público autorizado.
- 59. Un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad, es:
- Un sello electrónico.
- Una firma electrónica reconocida.
- Un certificado electrónico.
- Una notificación electrónica.
- 60. La prestación al público de servicios de certificación por las Administraciones Públicas, sus organismos públicos o las entidades dependientes o vinculadas a las mismas se realizará con arreglo a los principios de objetividad, transparencia y:
- No discriminación.
- Seguridad.
- Economía.
- Conveniencia.
- 61. La prestación de servicios de certificación:
- Está sujeta a autorización previa.
- Corresponde a las Administraciones Públicas.
- Se realizará en régimen de libre competencia.
- Debe tener carácter gratuito.
- 62. Se entiende que un prestador de servicios de certificación está establecido en España:
- Cuando dispone en territorio español, de forma continuada o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo en los que realiza toda o parte de su actividad.
- Cuando utiliza medios tecnológicos situados en España para la prestación o el acceso al servicio.
- Cuando su residencia o domicilio social se halla en territorio español, aunque tenga centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios fuera de España.
- Cuando su residencia o domicilio social se halla en territorio español, siempre que estos coincidan con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios.
- 63. Según la Ley 59/2003, de firma electrónica, indica cuál es el tipo de firma electrónica que: "tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel":
- Firma electrónica avanzada.
- Firma electrónica intermedia.
- Firma electrónica reconocida.
- Firma electrónica final.
- 64. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las redes electrónicas y los portales de internet, señala la respuesta correcta:
- Los portales dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
- El establecimiento de un portal conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
- Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.
- Los portales de internet utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con los mismos, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.
- 65. El período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior a:
- 2 años.
- 3 años.
- 4 años.
- 5 años.
- 66. Los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten, se denominan:
- Certificados reconocidos.
- Certificados presuntos.
- Certificados oficiales.
- Certificados específicos.
- 67. Los certificados electrónicos que los prestadores de servicios de certificación establecidos en un Estado que no sea miembro del Espacio Económico Europeo expidan al público como certificados reconocidos de acuerdo con la legislación aplicable en dicho Estado se considerarán equivalentes a los expedidos por los establecidos en España:
- Siempre que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos.
- Siempre que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios de certificación establecido en el espacio económico europeo.
- Siempre que el prestador de servicios de certificación acepte cumplir los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos.
- Siempre que el prestador de servicios de certificación reúna los requisitos establecidos en la normativa comunitaria sobre firma electrónica para la expedición de certificados reconocidos y haya sido certificado conforme a un sistema voluntario de certificación establecido en un estado miembro del espacio económico europeo.
- 68. Para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan, los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos, deben constituir una garantía de:
- 500.000 euros.
- 1.000.000 euros.
- 2.500.000 euros.
- 3.000.000 euros.
- 69. Las administraciones públicas pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. Dichas aplicaciones, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información, podrán ser declaradas como:
- De fuentes abiertas.
- De interés común.
- De utilización obligatoria.
- De acceso restringido.
- 70. Las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios deberán ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administración General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informática y/e:
- Generalización.
- Interconexión.
- Conservación.
- Actualización.